Costos e inconvenientes de la limitación del pago en efectivo en las Estaciones de Servicio

La Ley “Antievasión” no permite pagos de más de $1000 que se efectúen en efectivo, pero muchas de las transacciones, especialmente tras los aumentos, superan ese monto. Si la estación se niega a expender combustibles por no contar el cliente con tarjeta, o medio bancario de pago, ¿quién le paga la pérdida de la venta? Y si la Estación igualmente realiza el expendio, ¿es sujeto pasivo de sanción?

Por MARCELO A. SALEME MURAD*

En los últi­mos meses esta­mos asistien­do al acel­er­a­do aumen­to de los com­bustibles pro­duci­do, en parte, por los aumen­tos inter­na­cionales del petróleo y a la ráp­i­da suba del tipo de cam­bio. Ello ha lle­va­do a que una enorme pro­por­ción de las car­gas de com­bustibles ya supere hol­gada­mente los $1000; y con ello, ingre­san en la obligación dis­pues­ta en la Ley “Antievasión” (25345), que pre­tende pri­var de efec­tos entre las partes y frente a ter­ceros de los pagos de más de $1000 que se efec­túen en efec­ti­vo.

Ese mon­to no se ha actu­al­iza­do des­de la san­ción de la Ley (24 de Mar­zo de 2001), has­ta el pre­sente; lo que resul­ta a todas luces con­trario inclu­so al pro­pio espíritu de la ley, ya que con los guar­is­mos infla­cionar­ios de los últi­mos 18 años, sumadas a las múlti­ples deval­u­a­ciones del peso, prác­ti­ca­mente no hay operación que quede fuera de éste mon­to.

La incon­sti­tu­cional­i­dad de la Ley es más que evi­dente, des­de que mod­i­fi­ca toda la nor­ma­ti­va del Códi­go Civ­il sobre el Pago y con­sti­tuye una inde­bi­da ingeren­cia sobre los dere­chos que tienen los par­tic­u­lares de pactar las for­mas en que se cumplen las obliga­ciones en los con­tratos, fue par­cial­mente admi­ti­da por la Corte Supre­ma de Jus­ti­cia de la Nación que morigeró la dis­posi­ción de la Ley 25345, aunque para fines impos­i­tivos.

Por otra parte, se ha inter­pre­ta­do reit­er­ada­mente por AFIP (a nue­stro cri­te­rio en for­ma incor­rec­ta) que el pago en efec­ti­vo, tam­bién en la activi­dad de expen­dio minorista de com­bustibles, tiende a evadir el Impuesto a los Crédi­tos y Débitos ban­car­ios, estable­ci­do por la Ley 25413, lla­ma­da, aunque parez­ca men­ti­ra, “Ley de Com­pet­i­tivi­dad”.

Si bien éste impuesto pue­da ser toma­do como pago a cuen­ta de difer­entes obliga­ciones fis­cales (según leyes espe­ciales) lo cier­to es que en la activi­dad especí­fi­ca de las Esta­ciones de Ser­vi­cio, el cumplim­ien­to a rajat­abla de la dis­posi­ción impli­caría dejar de aten­der a gran can­ti­dad de clientes, negán­doles el expen­dio de com­bustible si no abo­nan con cheque, tar­je­tas de crédi­to y de débito o trans­fer­en­cia ban­car­ia; sopor­tan­do además por su parte las Esta­ciones el cos­to de todas las comi­siones que las empre­sas de Tar­je­ta cobran; como tam­bién las demor­as en la acred­itación del dinero, que en épocas de gran inflación, hacen que resul­ten muy oneroso para las Esta­ciones todo el sis­tema.

Se puede decir que todo con­tribuyente tiene la obligación de colab­o­rar con los organ­is­mos fis­cales. Pero, ¿puede tam­bién exigírse­le que abone el cos­to del con­trol de la evasión impos­i­ti­va, tarea que es exclu­si­va­mente  a car­go del Esta­do? Cier­ta­mente no.

La fal­ta de actu­al­ización deja tam­bién en evi­den­cia que la AFIP y las autori­dades económi­cas, desean elim­i­nar direc­ta­mente la cir­cu­lación de dinero efec­ti­vo de la economía; o lo que es lo mis­mo, se per­sigue la abso­lu­ta ban­car­ización de todas las transac­ciones económi­cas. Inclu­so se penal­iza el depósi­to de efec­ti­vo en los ban­cos medi­ante el cobro de comi­siones espe­ciales; lo que con­sti­tuye sin dudas un abu­so.

Se plantea un claro con­flic­to de intere­ses aquí.  Es claro, como dec­i­mos, que la inten­ción de AFIP es elim­i­nar los pagos en efec­ti­vo de toda la economía, inclu­so del pago de impuestos; pero ¿debe la Estación de Ser­vi­cios trasladar al pre­cio del com­bustible el cos­to impos­i­ti­vo (ley 25413) de la transac­ción? En mate­ria com­er­cial, tiene estable­ci­do el orde­namien­to jurídi­co que el uso y la cos­tum­bre tienen val­or de ley. Y el uso y la cos­tum­bre en mate­ria de expen­dio de com­bustibles es el pago en efec­ti­vo.

Una cos­tum­bre que está lejos de ter­mi­nar en Argenti­na, donde una enorme por­ción de la población no se encuen­tra ban­car­iza­da. Así entonces, si la Estación de Ser­vi­cio se nie­ga a expen­der com­bustibles por no con­tar el cliente con tar­je­ta, cheque o medio ban­car­io de pago, ¿quién le paga a la Estación la pér­di­da de la ven­ta?. Y si la Estación igual­mente real­iza el expen­dio, ¿es suje­to pasi­vo de san­ción?.

Urge que las Cámaras y Aso­cia­ciones de Esta­ciones de Ser­vi­cio comien­cen a pre­ocu­parse en acor­dar con el Esta­do éste tema que, sin dudas, traerá más de un dolor de cabeza.

* MARCELO A. SALEME MURAD*

  • Obtu­vo su títu­lo de Abo­ga­do en 1989, en la Uni­ver­si­dad Católi­ca de Cór­do­ba, y de Escrib­ano en 1988, en la mis­ma casa de altos estu­dios.
  • Su espe­cial­i­dad es el aseso­ramien­to soci­etario, trib­u­tario, financiero y ban­car­io, así como los con­tratos com­er­ciales y la com­praven­ta y reor­ga­ni­zación de empre­sas. Es uno de los primeros doc­tri­nar­ios argenti­nos en ocu­parse del com­er­cio elec­tróni­co, la ban­ca elec­tróni­ca, la fir­ma dig­i­tal y la trans­misión elec­tróni­ca de datos.
  • Real­izó una Espe­cial­ización en Aseso­ramien­to de Empre­sas en la Uni­ver­si­dad Notar­i­al Argenti­na
  • Es post­grad­u­a­do en Dere­cho Mer­can­til por la Uni­ver­si­dad de Sala­man­ca, España
  • Es espe­cial­ista en Dere­cho Trib­u­tario por la Uni­ver­si­dad Nacional de Rosario.
  • Es fun­dador y direc­tor gen­er­al  del Estu­dio Saleme Murad –Abo­ga­dos de Empre­sa con sede en la Ciu­dad de en San Fran­cis­co, Cór­do­ba; hoy Saleme Murad &Brussini – Abo­ga­dos de Empre­sa con sede en la Ciu­dad de San Fran­cis­co (Cba).
  • Es Miem­bro Acti­vo del Comité de Abo­ga­dos de Ban­cos de la Repúbli­ca Argenti­na, organ­is­mo perteneciente a la Aso­ciación de Ban­cos de la Argenti­na (ABA) con sede en la Ciu­dad de Buenos Aires.
  • Fue Pro­fe­sor Tit­u­lar Aso­ci­a­do de la Cát­e­dra de Sociedades Com­er­ciales y de la Cát­e­dra de Dere­cho Financiero de la Fac­ul­tad de Dere­cho de la Uni­ver­si­dad de Cien­cias Empre­sar­i­ales y Sociales (UCES). Fue Pro­fe­sor adscrip­to a la Cát­e­dra de Sociedades Com­er­ciales de la Uni­ver­si­dad Católi­ca de Cór­do­ba, y colab­o­rador de la Cát­e­dra de Sociedades de la car­rera de post­gra­do de Espe­cial­ización en Aseso­ramien­to de Empre­sas, Uni­ver­si­dad Notar­i­al Argenti­na (Del­e­gación Cór­do­ba).
  • Es asesor y rep­re­sen­tante jurídi­co de empre­sas nacionales, regionales y locales de diver­sas ramas de activi­dad económi­ca, así como de Cámaras, Fed­era­ciones y Con­fed­era­ciones Empre­sarias de la Cap­i­tal Fed­er­al con alcance nacional.

Fuente: Sur­tidores.