La Legislatura de la Provincia de Tucumán pide un resguardo del precio de etanol

Legisladores solicitaron mediante una carta al Gobierno Nacional que se apliquen nuevas variables para fijar un precio más competitivo de etanol producido a base de caña de azúcar.

La Comisión de Economía y Pro­duc­ción de la Leg­is­latu­ra de Tucumán, que pre­side el per­o­nista Osval­do Jal­do solic­itó medi­ante una car­ta al Poder Ejec­u­ti­vo de la Nación que se apliquen nuevas vari­ables para fijar un pre­cio más com­pet­i­ti­vo de etanol pro­duci­do a base de caña de azú­car.

Dicho cam­bio debe ocur­rir medi­ante la ade­cuación de la fór­mu­la que estip­u­la su val­or, a fin de cubrir los cos­tos de pro­duc­ción y alcan­zar una rentabil­i­dad razon­able. Al mis­mo tiem­po, solic­i­tan a los Diputa­dos y Senadores Nacionales por la Provin­cia, que real­i­cen las ges­tiones que resul­ten nece­sarias para lograr­lo y pro­te­ger la prin­ci­pal indus­tria de la región.

Den­tro del reclamo, que ya lle­va var­ios meses de nego­cia­ciones, la Leg­is­latu­ra de Tucumán con el apoyo del Gob­er­nador tucumano Juan Manzur, solici­ta al Poder Ejec­u­ti­vo Nacional que arbi­tre los medios nece­sar­ios para ade­cuar la fór­mu­la de deter­mi­nación del pre­cio del Bioetanol para que cubra los cos­tos de pro­duc­ción, genere una rentabil­i­dad razon­able y garan­tice la seguri­dad jurídi­ca. De este modo se lograría incen­ti­var la inver­sión de las empre­sas impli­cadas en uno de los recur­sos más estratégi­cos para el desar­rol­lo de las economías regionales.

Según expli­ca Jorge Roc­chia Fer­ro, Pres­i­dente de la Unión Indus­tri­al de Tucumán y Pres­i­dente del grupo sucroen­ergéti­co Los Bal­canes, son más de media doce­na de inge­nios los que se sumaron al reclamo judi­cial con­tra el Gob­ier­no en dis­con­formi­dad con la ya nove­na mod­i­fi­cación de la fór­mu­la que fija el val­or del bio­com­bustible, impues­ta por la Sec­re­taría de Energía en los últi­mos meses. La indus­tria recla­ma no sólo que se vuel­va atrás con los val­ores, sino tam­bién que el Esta­do devuel­va las pér­di­das económi­cas gen­er­adas por vender el pro­duc­to a las petrol­eras por deba­jo del val­or real.