SALTA — Imputaron a 75 personas por la toma del Ingenio San Isidro

La Fiscalía Penal de General Güemes, a cargo de Verónica Simesen, imputó a Mariano Cuenca, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio San Isidro (Soeasi) y a otras 74 personas por el delito de usurpación.

75 per­sonas fueron imputadas por la toma del inge­nio San Isidro, que cer­ró en enero pasa­do, mien­tras hoy se real­izó una audi­en­cia de con­cil­iación entre diri­gentes gremi­ales y rep­re­sen­tantes de la empre­sa para tratar de solu­cionar el con­flic­to penal plantea­do por la ocu­pación del pre­dio, que lle­va diez días.

Las actua­ciones judi­ciales se ini­cia­ron a par­tir de la denun­cia del rep­re­sen­tante de las fir­mas Pros­al SA y Emaisa SA ‑que for­man el Grupo Glo­ria, propi­etario del inge­nio salteño- Hugo Ale­jan­dro Pin­to.

Según Pin­to, las per­sonas imputadas ingre­saron a las insta­la­ciones del com­ple­jo indus­tri­al, ubi­ca­do en la local­i­dad de Cam­po San­to, a 45 kilómet­ros de la cap­i­tal salteña, “ejer­cien­do vio­len­cia, ya que rompieron la cer­ca perime­tral y se insta­laron allí sin autor­ización y blo­que­an­do el nor­mal desar­rol­lo de las activi­dades”.

Los voceros detal­laron que, en el mar­co de las fac­ul­tades que le brin­da el Códi­go Proce­sal Penal, la fis­cal con­vocó hoy a una audi­en­cia de con­cil­iación en procu­ra de lograr una sal­i­da al con­flic­to penal plantea­do por la toma del establec­imien­to por parte de emplea­d­os y ex emplea­d­os, que comen­zó el lunes de la sem­ana pasa­da.

Fueron con­vo­ca­dos los apoder­a­dos legales de la empre­sa, la ger­ente cor­po­ra­ti­va legal de la Cor­po­ración Azu­car­era del Perú, el ger­ente gen­er­al del Inge­nio San Isidro, Cuen­ca y los rep­re­sen­tantes legales de los tra­ba­jadores.

Luego del inter­cam­bio entre las partes, el grupo empre­sario Glo­ria hizo cono­cer a los par­tic­i­pantes la prop­ues­ta para lograr una solu­ción en tan­to los rep­re­sen­tantes de los tra­ba­jadores se com­pro­metieron a brindar mañana una respues­ta, por lo que se pasó a un cuar­to inter­me­dio.

La sem­ana pasa­da, la jueza de Garan­tías 8 de Salta, Clau­dia Puer­tas, rec­hazó el pedi­do de desa­lo­jo y resti­tu­ción del inmue­ble real­iza­do por la fis­cal Sime­sen, por con­sid­er­ar que no surge en for­ma clara si se tra­ta de la comisión de un hecho delic­ti­vo o de un con­flic­to lab­o­ral.

El inge­nio San Isidro, fun­da­do en 1760 y con­sid­er­a­do el más antiguo del país, anun­ció en enero el cese de sus activi­dades y el ini­cio de un Pro­ced­imien­to Pre­ven­ti­vo de Cri­sis (PPC) por razones de orden económi­co, financiero y lab­o­ral.

Fuente: El Tri­buno