BIOCOMBUSTIBLES | La grieta es territorial y no respeta a los partidos políticos

La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley, con votos del oficialismo y de varios legisladores de Juntos por el Cambio de provincias azucareras.

El proyec­to de ley sobre bio­com­bustibles que obtu­vo media san­ción en la Cámara de Diputa­dos, este viernes, pro­pone reducir el corte oblig­a­to­rio del gasoil con biodiesel de soja del 10% al 5%, con la posi­bil­i­dad de bajar­lo al 3 %.

Respec­to del bioetanol, el bio­com­bustible que se mez­cla con las naf­tas, si bien mantiene el 12% que rige des­de 2015 plantea tam­bién una even­tu­al dis­min­u­ción al 9% en el caso de las plan­tas pro­duc­toras en base a maíz.

A par­tir de ello se gen­eró una situación par­tic­u­lar, porque para el bioetanol que se elab­o­ra en base a caña de azú­car no hubo restric­ciones. Entonces, la prop­ues­ta del bloque ofi­cial­ista Frente de Todos fue acom­paña­da por var­ios leg­is­ladores de la ban­ca­da opos­i­to­ra de Jun­tos por el Cam­bio prove­nientes de provin­cias azu­car­eras.

Los jujeños Gabriela Bur­gos (UCR), Jorge Riz­zoti (UCR) y Osmar Monal­di (PRO); los tucumanos José Cano (UCR), Lidia Ascárate (UCR) y Domin­go Amaya (PRO) y los san­juani­nos Eduar­do Cáceres (PRO) y Marce­lo Orrego (ali­a­do PRO), argu­men­taron que acom­paña­ban al ofi­cial­is­mo por los ben­efi­cios que le proyec­to brin­da a la activi­dad sucro alco­holera, de rel­e­van­cia fun­da­men­tal en esas provin­cias del NOA.

El con­teo final mostró un tablero con 135 votos pos­i­tivos, 110 neg­a­tivos y dos abs­ten­ciones, lo que habil­itó el giro a la Cámara de Senadores, donde se trataría en los próx­i­mos 60 días: el tiem­po de una nue­va prór­ro­ga que se estable­ció para el rég­i­men actu­al.

La ini­cia­ti­va aproba­da por la Cámara Baja pre­vé una vigen­cia has­ta el 31 de diciem­bre del 2030, como alter­na­ti­va al proyec­to san­ciona­do en noviem­bre en la Cámara Alta, que sólo pro­ponía exten­der la ley actu­al 4 años más. Inclu­so, el proyec­to aproba­do este viernes por la Cámara Baja con­tem­pla una even­tu­al prór­ro­ga por cin­co años luego de 2030.

Más allá de la referi­da dis­tin­ción ter­ri­to­r­i­al, las prin­ci­pales difer­en­cias políti­cas entre el Frente de Todos y la may­oría de los leg­is­ladores de Jun­tos por el Cam­bio se cen­traron en la reduc­ción del 10 al 5% del corte oblig­a­to­rio entre el gasoil y el biodiesel, y en las atribu­ciones para que la Sec­re­taria de Energía pue­da aumen­tar o reducir los por­centa­jes de acuer­do a los pre­cios inter­na­cionales.

En ese pun­to, la ini­cia­ti­va establece que la sec­re­taría de Energía podrá “ele­var el referi­do por­centa­je mín­i­mo oblig­a­to­rio cuan­do lo con­sidere con­ve­niente en fun­ción del abastec­imien­to de la deman­da, la bal­an­za com­er­cial, la pro­mo­ción de inver­siones en economías regionales y/o razones ambi­en­tales o téc­ni­cas”.

De for­ma inver­sa, el corte podrá reducirse has­ta el 3% “cuan­do el incre­men­to en los pre­cios de los insumos bási­cos para la elab­o­ración del biodiésel pudiera dis­tor­sion­ar el pre­cio del com­bustible fósil en el sur­tidor, o ante situa­ciones de escasez de biodiésel por parte de las empre­sas elab­o­rado­ras”.

Con todo, el proyec­to mantiene ben­efi­cios impos­i­tivos al fijar que el biodiésel y el bioetanol no estarán grava­dos por el Impuesto a los Com­bustibles Líqui­dos (ICL) y por el Impuesto al Dióx­i­do de Car­bono (ICO2).

Fuente: TN.