En la antesala de una nueva zafra, los ingenios de Salta, Jujuy y Tucumán se debaten en un escenario de quebranto, por las podas aplicadas en el precio del bioetanol de caña, la fuerte suba del gas, el impacto de la inflación en los costos operativos y el incremento de las cargas fiscales y previsionales.
Las medidas nacionales y provinciales que se desencadenaron desde fines de 2017, dejaron al sector sucroalcoholero del NOA, uno de los pilares de la producción y el empleo de la región, con una soga al cuello.
Por los recortes de precio que dispuso el Ministerio de Energía, los ingenios del norte argentino perciben hoy por el bioetanol que entregan a las petroleras un 4,2% menos que en octubre de 2017, mientras que las naftas aumentaron en el mismo período un 33%.
El Centro Azucarero Argentino advirtió que solo la baja de precio del bioetanol implica una transferencia de recursos del sector cañero hacia las petroleras de $2.100 millones anuales. La Cámara Argentina de Alcoholes hizo notar que, como consecuencia de la medida dispuesta por el ministro Juan José Aranguren, el sector sucroalcoholero también resignó importantes volúmenes de su participación en el mercado a manos de la producción de bioetanol de maíz, concentrada en la región pampeana.
Según registros de la Subsecretaría de Energías Renovables, durante el primer trimestre de 2018 la producción de bioetanol de caña promedió entre los 42 y 44 millones de litros mensuales, de los que el ingenio oranense San Martín del Tabacal aportó entre 11 y 12 millones de litros.
El complejo sucroalcoholero del NOA, que desde abril de 2016 participaba en partes iguales con el sector maicero de la región pampeana, cedió cerca de un 5% del mercado.
El retroceso se explica en buena parte por la drástica reducción del precio del bioetanol de caña, aunque también incidieron la sequía que sobrellevó el área de cultivo tucumana en 2017 y factores operativos. El cierre de San Isidro, uno de los nueve ingenios con cupos asignados en el programa nacional de biocombustibles, también repercutió en los registros.
La drástica y unilateral reducción de precios que resolvió la cartera de Energía, tuvo efectos devastadores en una actividad que sostiene cerca de 50.000 empleos directos y 200.000 indirectos en el NOA. Las tres resoluciones que dictó después el Gobierno nacional para morigerar el impacto de la medida inicial, ante la efervescente reacción del sector industrial más importante de Tucumán, Salta y Jujuy, no evitaron los despidos que pusieron a las filas sindicales del sector en pie de guerra, ni devolvieron certidumbre. Apenas sirvieron para dejar a la vista un enorme desacierto que intentó enmendarse con revisiones parciales.
Con pérdidas estimadas en más $800 millones solo en El Tabacal, los ocho ingenios que aún mantienen en pie la producción regional de bioetanol insisten, balances en mano, que sus operaciones ya son económicamente inviables.
Con la zafra encima, ni siquiera está definida aún la nueva fórmula que el Gobierno nacional aplicaría para ajustar los precios. El sector aspira a tener resuelta esa fórmula antes de fin de mes, para que empiece a aplicarse desde mayo.
Lo único cierto es que las agroindustrias de Salta, Jujuy y Tucumán, que volcaron inversiones sobre la base de un horizonte trazado por la ley de promoción de biocombustibles hasta el 2021, vieron modificado drásticamente, por medidas nacionales y provinciales, el rumbo que garantizaba prioridad para el NOA en el mercado de los biocombustibles.
La modificación en las condiciones de venta del bioetanol, como remarcó Oscar Rojo, directivo de Tabacal Agroindustria y expresidente de la Cámara de Alcoholes a El Tribuno, “supone una contradicción con el objetivo del Plan Belgrano”, programa concebido para saldar la deuda histórica que tiene la Nación con las 10 provincias del norte.
Hoy, sin embargo, en el sector industrial con mayor ocupación de trabajo en el NOA, y en la empresa que más empleos privados sostiene en la provincia, solo se habla de cierres de operaciones, suspensiones de turnos, despidos y millonarias perdidas trasladadas a más de 6.000 cañeros, proveedores, contratistas, y a todas las actividades económicas relacionadas con la actividad, incluyendo a los Estados provinciales.
Fuente: El Tribuno
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.