El cultivo y producción de caña de azúcar ha sido, por décadas, uno de los principales motores del desarrollo económico y social de Costa Rica. Se cultivan, aproximadamente, 62 mil hectáreas de caña, en 25 cantones y 114 distritos del territorio nacional.
En lugares como: Turrialba, Jiménez, Grecia, Poás, San Carlos, Los Chiles, Puntarenas, Montes de Oro, Filadelfia, Cañas, Liberia, Pérez Zeledón y Buenos Aires, por citar algunos ejemplos, día a día, hombres y mujeres inducen la tierra, con tesón y esmero, de forma visionaria y honesta, para llevar sustento a sus hogares y generar empleo en una zona rural que hoy día clama por sostener el poco trabajo disponible.
Se trata de 7078 productores de caña, de los que, más del 90% son pequeños productores, con entregas que no sobrepasan las 500 toneladas métricas, mientras que, si se consideran a los medianos productores, el porcentaje aumenta a más del 95%. De ellos, el 44.7% se concentran en la Zona Sur, el 17.3% en la Zona de Guanacaste, un 16.2% producen en la Zona de San Carlos, el 13.6% en el Valle Central, un 7.19% en la Zona Atlántica y un 0.69% en el Pacífico Central.
Digno de destacar es también la participación de las mujeres en la actividad: la zafra anterior, más de 2400 mujeres entregaron caña, poniendo en evidencia que la mujer costarricense, como ya sabemos, es valiente y emprendedora, aun tratándose de un cultivo tan arduo, que demanda un gran esfuerzo físico.
Un productor que entrega menos de 500 toneladas de caña, lo que posee, en promedio, son 6.7 hectáreas de terreno. Con ese patrimonio, alberga la esperanza de sostener a su familia de forma digna, llevando a la mesa de los costarricenses azúcar 100% nacional, como lo ha hecho el sector cañero – azucarero por décadas.
El modelo ha garantizado la subsistencia del productor de caña. Esta estructura de tenencia de la tierra, es muy típica de Costa Rica. Los productores costarricenses son un fiel reflejo del Estado Social de Derecho en el que vivimos. No por nada la Ley N°7818, Ley Orgánica de la Agricultura e Industria de la Caña de Azúcar, declara de interés público la existencia y mantenimiento del pequeño y mediano productor de caña, y establece un modelo solidario de repartición de la riqueza, a partir de los principios cristianos de justicia social y reparto equitativo de la riqueza.
En esta justa dimensión, la Sala Constitucional ha indicado: “Recordemos que vivimos en un Estado de Derecho, de manera que el Estado puede, entonces, intentar plasmar sus fines y objetivos socio- económicos impulsando la iniciativa privada, o fomentando, por medio de incentivos, la actividad a que se dedica; o bien, imponer ciertos deberes a los particulares con el fin de mantener en un mínimo aceptable el bienestar económico de la población. Se trata de repartir y utilizar los recursos de la comunidad en provecho de los grupos o sectores socialmente más desprotegidos. En este caso, dicha protección especial está fundamentada en razones de interés público, pues uno de los objetivos de la ley, es la existencia y el mantenimiento de los pequeños productores independientes.” Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 2004–8017.
El modelo de integración entre productores, ingenios y la Liga de Caña (LAICA), consagrado en la Ley N°7818, le garantiza al cañero dos aspectos fundamentales para la sostenibilidad del negocio, a saber: la compra del producto y el pago de un precio justo.
En efecto, la Ley establece que, de la cuota asignada por LAICA a los ingenios, el 50% debe completarse con caña adquirida a los productores independientes (garantía de compra), y determina, además, que del valor neto del azúcar y la miel contenida en la caña que los productores venden a los ingenios, el 62.5% le pertenece al productor (pago de precio justo).
Dispone también la Ley, que los productores de caña participan, con la misma representación y voto que el sector industrial, ante la Junta Directiva y la Asamblea General de LAICA, garantizando el principio democrático y equidad en la toma de decisiones.
A ello se le suma la asesoría técnica que brinda LAICA al productor de caña y los ingenios, por medio de la Dirección de Investigación y Extensión de la Caña de Azúcar (DIECA), así como una infraestructura de almacenamiento, distribución y comercialización de azúcar, que por muchos años se ha ido construyendo con el esfuerzo de productores e industriales, sin que el Estado haya tenido que erogar un solo colón.
Todo está en riesgo. Sí, los productores, el empleo que generan, el modelo, las inversiones realizadas y el mismo abastecimiento de azúcar en la mesa de los costarricenses, está seriamente amenazado.
Desde que comenzó a importarse azúcar a Costa Rica, especialmente de Brasil, y más recientemente de Canadá (aunque también se trata de azúcar brasileño), han abandonado el cultivo de la caña de azúcar, 2,638 productores, lo que, según estimaciones de FEDECAÑA, basados en información de DIECA, representa una pérdida de empleo directo de 7,157 trabajadores. Solo la última zafra, salieron de la actividad 433 productores.
A esta pérdida de empleo directo debe sumársele los miles de empleos indirectos afectados: el transportista de la caña, el chofer, la venta de insumos agropecuarios, la soda, la pulpería, el abastecer del pueblo en el que compran los productores, los cortadores y toda la larga lista de personas que se engranan en esta noble actividad.
Las importaciones comenzaron en noviembre de 2014. Antes de esa fecha, en promedio, los productores inscritos eran 9,611 (promedio de las tres zafras anteriores). La primera zafra se importaron 36,821 bultos de azúcar, llegando a 218,197 en la zafra 2017/2018. A marzo de 2020, se habían importado, en total, 873,122 bultos de 50 kg. Dicha cantidad equivale a sustituir 5,385 hectáreas de caña del país. Es como si se tomará toda la caña sembrada en el Valle Central y tuviera que desecharse.
El azúcar que ingresa desplaza la producción nacional, provocando que deba destinarse al mercado mundial, como azúcar crudo, no apto para consumo humano, a precios ruinosos, muy por debajo de sus costos de producción. Precios que han caído dramáticamente, a partir de la crisis por el COVID-19, creando un ambiente aún más favorable para que se acelere el ritmo de las importaciones.
La pérdida económica para el sector supera los 24 millones de dólares (siendo conservadores), lo que, como se indicó, afecta directamente y en mayor proporción al productor de caña, por cuanto, por Ley, el 62.5% del valor neto del azúcar que LAICA logra obtener, es del productor.
Esta situación tiene en “jaque” al gremio. La salida de productores, la cantidad de azúcar que ha ingresado, el desplazamiento del producto nacional, los bajos precios internacionales, la devaluación del Real en Brasil, el mayor número de importadores involucrados en el negocio, la pérdida de empleo, entre otros factores, son prueba inequívoca que el daño es real y está consumado.
El agricultor de caña costarricense, especialmente el más pequeño, es eficiente. Sus rendimientos agroindustriales así lo demuestran. Sin embargo, no puede competir contra la producción de países que otorgan subsidios directos e indirectos a sus cañeros, como sucede, por ejemplo, con las dos principales potencias en producción de azúcar: Brasil y la India. Además de ser un país muy caro para producir, como sabemos, el agricultor costarricense no recibe ningún subsidio del Estado, por lo que la cancha no está pareja.
Ante este panorama desolador, es urgente que el Gobierno aplique la salvaguardia de azúcar, como instrumento legítimo de defensa comercial, que otras naciones sí utilizan, en resguardo de su producción, de sus agricultores, de sus empleos, como lo hizo China hace poco tiempo, precisamente para protegerse de importaciones de azúcar de países como Brasil.
En manos del Gobierno está que Doña Eugenia Baltodano, Don Carlos Jiménez, Doña Lourdes Alfaro, Don José Luis Mora y Doña Justa Elena Hernández, y así como ellos, miles de productores reales, de carne y hueso, que dependen del cultivo de la caña, puedan permanecer en la actividad, generando el bienestar socioeconómico que tanto le urge al país.
Fuente: El Mundo.
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