Biocombustibles: el Senado acelera una ley que cambia el negocio agroindustrial
El nuevo régimen sube los cortes de biodiésel y bioetanol y abre la competencia. La discusión enfrenta a pymes, aceiteras y productores.Este jueves 3 de septiembre, un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda del Senado emitió dictamen para avanzar con un nuevo régimen de biocombustibles, surgido de la unificación de siete proyectos. El cambio importa de lleno al agro argentino: propone llevar el corte obligatorio de biodiésel del actual 7,5% al 10% y el de bioetanol del 12% al 15%, mientras abre gradualmente el mercado a una mayor competencia. La discusión ya enfrenta a cámaras empresarias por el impacto que tendrá sobre las pymes regionales, las grandes compañías integradas y las inversiones.
El texto busca modificar una de las reglas centrales de una industria que conecta directamente la política energética con la producción de soja, maíz y caña de azúcar. La iniciativa conserva el espíritu de una de las propuestas impulsadas por Patricia Bullrich y otros legisladores de La Libertad Avanza, orientada a generar un mercado con mayor participación privada. Sin embargo, durante las negociaciones en el Senado se incorporaron mecanismos de transición para las empresas de biodiésel no integradas, un punto sensible para las economías provinciales que tienen plantas alejadas de los grandes complejos aceiteros y portuarios.
Nuevos cortes: más demanda para el maíz, la soja y la caña
El cambio más inmediato aparecería un año después de la eventual sanción. El biodiésel pasaría del 7,5% al 10% de mezcla obligatoria con gasoil, mientras que el bioetanol subiría del 12% al 15% en las naftas. Para el agro, el movimiento puede ampliar la demanda interna de materias primas y profundizar el agregado de valor. En bioetanol, seis puntos porcentuales seguirían correspondiendo al producto elaborado con caña de azúcar y otros seis al proveniente de maíz. Los tres puntos restantes quedarían abiertos a la competencia, sin una materia prima asignada previamente.
Para evitar una concentración excesiva, el proyecto establece además que ninguna empresa elaboradora podrá superar el 20% del bioetanol comercializado anualmente para el corte obligatorio. Es una cuestión especialmente relevante para las provincias maiceras y para el NOA azucarero: un corte superior puede traducirse en mayor capacidad de industrialización dentro del país. En una Argentina que discute permanentemente cómo transformar granos en productos con mayor valor, los biocombustibles aparecen como una vía para convertir producción agrícola en energía y generar inversiones industriales cerca de las zonas productivas.
En biodiésel, la apertura será más gradual. Las empresas consideradas no integradas conservarían inicialmente la totalidad del actual 7,5%. Cuando el corte llegue al 10%, las pymes tendrán reservado el equivalente a 6,5 puntos y los otros 3,5 quedarán abiertos a la competencia. La protección se reducirá progresivamente: será de 5,5 puntos en 2029, cinco en 2030 y tres puntos desde 2031 hasta fines de 2035. A partir de enero de 2036 terminará la transición prevista. El diseño intenta equilibrar dos objetivos que chocaron durante el debate: aumentar la competencia sin provocar una salida abrupta de productores regionales.
Pymes versus apertura: el debate que divide a la industria
Las reacciones empresarias muestran que el consenso todavía está lejos. Patrick Adam, presidente de la Cámara de Bioetanol de Maíz, calificó el dictamen como “un paso muy importante en la dirección correcta” y sostuvo que puede aportar previsibilidad para invertir y producir. Desde Ciara valoraron que la propuesta permita competir a las empresas de biodiésel instaladas en el país, mientras que Carbio consideró el texto un avance para dejar atrás el régimen actual y avanzar hacia mayor competencia, inversiones y mejores precios.
La mirada de las pymes fue muy diferente. Federico Martelli, referente de Cepreb, rechazó el dictamen y advirtió que reducir la participación protegida de las plantas regionales desde el 7,5% hasta el 3% pone en riesgo su continuidad. El temor es que la apertura beneficie principalmente a compañías integradas con ventajas de escala, logística y acceso directo a materias primas. También cuestionó la falta de criterios de regionalidad y señaló que el acuerdo no contó con respaldo de legisladores de varias provincias productoras. Allí aparece uno de los interrogantes centrales que deberá resolver el recinto.
Casfer planteó una posición intermedia. Su presidente, Marcelo Kusznierz, sostuvo que el dictamen mejoró frente a las propuestas iniciales, aunque reclamó que la participación reservada para las compañías no integradas llegue al 6% en lugar del 3%. También pidió incorporar explícitamente al biodiésel de segunda generación y su doble conteo. La discusión excede así el reparto del mercado actual: también define qué incentivos tendrá la Argentina para adoptar nuevas tecnologías, reducir la huella de carbono y desarrollar combustibles capaces de responder a estándares ambientales cada vez más exigentes en los mercados internacionales.
Para el campo, la discusión tiene una dimensión estratégica. Más biocombustibles pueden significar más demanda doméstica de soja y maíz, mayor industrialización y diversificación de la matriz energética, pero el resultado dependerá de cómo se distribuya ese crecimiento. Argentina posee materias primas, plantas industriales y conocimiento tecnológico para ganar escala en bioenergía. El desafío será combinar competencia con previsibilidad y evitar que una apertura mal diseñada termine concentrando la actividad que pretende expandir. Con el dictamen aprobado en comisiones, la próxima batalla será política: el recinto deberá definir hasta dónde llega la apertura y qué lugar conservarán las pymes regionales.
Fuente: Agrolatam.
